Las pensiones de jubilación se revalorizan un 0,25%, lo que significa, que una pensión media se incrementa en 2 euros al mes, y el Salario Mínimo Interprofesional que sube el 0,5%, representa 3 euros mensuales. Rajoy declara que estas son las «primeras navidades de la recuperación», dando por superada la crisis «sin menoscabar los gastos sociales». ¿A quién cree que se dirige? Nos miente y nos vuelve a mentir con su desvergüenza.
Y también, como nos tiene acostumbrados, nos toma el pelo. Según ha explicado el Gobierno, la evolución de los precios, unida a la revalorización de las pensiones, ha posibilitado a los pensionistas incrementar su poder adquisitivo en 2014 (713,38 millones de euros). Los sindicatos han rechazado esta decisión, pero llegan tarde, después de haber pactado hace unos días. Con gobiernos como éste, no cabe acuerdo ni pacto ni mano tendida que legitime políticas antisociales, restrictivas, regresivas y reaccionarias. Como dice Agustín Moreno en cuartopoder.es: «En tres años de políticas de ajuste del gobierno del PP han golpeado los derechos laborales, los salarios, las garantías ante el despido, las pensiones, la educación y la sanidad, los servicios públicos, el derecho a la vivienda, la dependencia…». Los sindicatos se han dirigido a la ministra de Empleo rechazando lo que entonces era una propuesta, por «pobre, injusta e incoherente», en el escenario de recuperación que preconiza el Gobierno, que se jacta de dialogante, por haber firmado un acuerdo social.
El presidente del gobierno, ha comparecido, para dar su versión del balance político y económico del año, en el que ha fijado sus prioridades hasta la finalización de esta legislatura: avanzar en la mejora de la economía y luchar contra la corrupción. Ha venido a desarrollar, con algún que otro detalle, el discurso real del día 24 de diciembre, en el que las claves fueron: la corrupción, la situación económica y Cataluña. Por una vez y sin que sirva de precedente, coincido con Rosa Díez, cuando dice que Rajoy ha dado su primer mitin de campaña, ilegítimamente desde Moncloa añado yo.
Especial atención ha dedicado a la evolución de la situación económica, exponiendo los datos que le han llevado a declarar, pavoneándose, que la crisis está quedando atrás: «Los indicadores demuestran que hemos pasado lo peor. Ahora no se puede dar marcha atrás, no se pueden poner en peligro los resultados. Dar marcha atrás en la reforma sería dar marcha atrás en la recuperación». Con estas declaraciones pierde el respeto a los millones de personas que sufren calamidades, porque los datos reales le delatan. El gobierno no ha dejado de fracasar: En el curso de esta legislatura, hay 650.000 empleos menos; el 60% de los parados son de larga duración y el 70% no tiene ningún tipo de prestación; el paro registrado afecta a 4.512.116 personas en noviembre. Los puestos de trabajo creados, según el INE y otros análisis de expertos, son «empleos temporales, cada vez más a tiempo parcial, poco cualificados, en el sector servicios y con salarios inferiores a 900 euros». La reforma laboral ha llevado a la pérdida de empleos, bajada de salarios y precariedad laboral.
Sube la tasa de pobreza energética, afectando al 9% de las familias que no pueden mantener una temperatura adecuada. La deuda pública se sitúa en el 96,5%, 1.016.969 millones de euros, según el Banco de España y sus intereses, casi 100 millones diarios, se hacen insoportables. El 27,5% de los niños vive en riesgo de pobreza. 1.789.400 hogares tienen a todos sus miembros sin trabajo; la tasa de paro juvenil es del 53,8%; los salarios bajando y los precios en caída libre, rayando la deflación y la depresión económica; los desahucios aumentan. La teoría neoliberal, rayando lo criminal, de Rajoy entiende que «si los precios bajan no tienen por qué subir mucho los sueldos» y satisfecho incrementa las pensiones de jubilación un 0,25% (unos 28 euros al año) y el salario mínimo 3 euros (unos 42 euros anuales), situándose en 648 euros, de los más bajos de Europa. Solo desde una condición canalla se puede decir que éstas son las navidades de la recuperación.
Hay 2 millones de trabajadores que viven en riesgo de exclusión social. El 40,6% de los españoles vive en la precariedad, el 24,2% sufre exclusión social moderada y el 10% en severa marginalidad; sólo el 34,3% vive sin carestías esenciales, según Cáritas. El 47% de los trabajadores y trabajadoras cobra menos de 970 euros al mes. España es el país de la OCDE en el que más ha aumentado la desigualdad y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico instan a atajar la desigualdad para favorecer el crecimiento. Las macrocifras, dirán lo que quieran decir sus ingenieros y arquitectos, pero los datos de la realidad en la que vive la mayoría ciudadana, son tozudos y muestran que no hemos superado la crisis ni estamos recuperándonos.
El supuesto crecimiento no es suficiente para mejorar el bienestar. En 2014, España ha caído hasta el puesto 21 de los 28 en Justicia Social. Desde 2011, el riesgo de pobreza se ha incrementado 3 puntos y en la infancia, se ha llegado al 32,6%, el peor índice después de Rumania. 800.000 empleos menos y 400.000 jóvenes emigrados fuera de España desde que gobierna el PP. Triste balance: más paro, pobreza laboral y exclusión social. Y todo parece indicar que la desigualdad y la miseria se consolidan, según los datos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados para el año 2015.
La reforma fiscal, según Rajoy, permitirá a los contribuyentes tener 9.000 millones más, lo que significa dar un «espaldarazo definitivo al crecimiento y la competitividad». Según el ministro Montoro, los PGE, prevén que los ingresos tributarios crezcan el 3,5%, respecto a los presupuestados en 2014. Descienden un 0,3% los ingresos por IRPF y los impuestos especiales un 2,7%. Aumenta el IVA un 9,9% y el de sociedades un 5,6%. (Expansión 1 octubre) Los datos aprobados no engañan, se produce una transferencia de renta, desde las clases media y baja, a las rentas altas. Como siempre, la clase trabajadora es la que sustenta los gastos del Estado, sin disfrutar de unos servicios públicos esenciales universales y de calidad, que el PP ha eliminado.
El Gobierno de Rajoy ha subido los impuestos, copagos y repagos, tasas y precios públicos, que afectan a todos. Ahora dice bajar impuestos, pero no dice que beneficiará a las rentas altas y a las grandes empresas, que siguen sin contribuir lo suficiente. Son los presupuestos del «ahogo social», confeccionados y aprobados para consolidar la desigualdad y perpetuar la miseria. Rajoy dice que la crisis ha terminado y quizás tenga razón, aunque yo tengo una visión diferente a la suya. Ya lo dije en esta misma publicación el 27 de julio de 2013: «Es lo que querían. Es su modelo».
Sobre la corrupción garantiza que el gobierno va a seguir tomando todas las medidas que considere necesarias, para hacer frente a esta lacra que tanta «alarma social» crea y suponen «una quiebra en la confianza». Rajoy ha vuelto a hacer una valoración positiva sobre el «paquete de medidas legislativas» que ha puesto en marcha el Gobierno y que viene anunciando desde el año 2012, con poco ánimo y sin resultado, aunque sus partidarios siguen entrando en prisión o son imputados casi en masa.
Por lo que se refiere a Cataluña, Mariano Rajoy ha pasado de puntillas, pero con su raca, raca, lamentando «el comportamiento irresponsable de algunos de sus dirigentes políticos» que han abandonado la prioridad de solucionar los problemas y atender al bienestar de las personas. Se estaba mirando a sí mismo, aunque amenaza con que el Gobierno de España va a seguir «velando por los intereses de los ciudadanos de Cataluña, apoyando a sus empresas, trabajando para que allí también llegue la recuperación lo antes posible y propiciando la concordia y el entendimiento entre catalanes». Habrá sido un lapsus, porque todo parece indicar que entre los catalanes se entienden, pero menos con la España nacional-católica que representan lospopulares.
Coincido con lo manifestado por Pedro Sánchez cuando dice que «no emplee la palabra recuperación en vano», hasta que no recuperemos los niveles de empleo previos a la crisis. Para Sánchez, el 2014 ha sido un año perdido en la lucha contra la crisis, destacando los tres golpes que a su juicio, ha dado el gobierno a las clases media y trabajadora, con la reforma laboral, la reforma fiscal y la reforma del sistema público de pensiones, beneficiando a un 10% de la población privilegiada en detrimento del 90% restante.
Rajoy en su comparecencia, no ha querido entrar en el caso de la imputación de la hermana e hija de rey, porque como presidente del Gobierno «no puede entrar a valorar su situación procesal», aunque sí estaba convencido el pasado mes de junio de que Cristina de Borbón podría demostrar su inocencia, que está por ver. Algo así como que entro sin entrar y salgo cuando quiero.
Tampoco ha entrado a valorar lo que significa el ataque a las libertades públicas y los derechos fundamentales, con la ley mordaza; ni ha hablado de las víctimas del franquismo y las demandas que hace la ONU al gobierno sobre Derechos Humanos; ni del pequeño Nicolás, que está causando estragos entre algunas instituciones como la Casa Real, el Centro Nacional de Inteligencia, en alguna que otra secretaria de Estado o entre organizaciones empresariales. Tampoco ha hablado de la lacra social que representa el terrorismo machista, que ha asesinado a 59 mujeres este año; ni de los enfermos de hepatitis C, encerrados en el Hospital 12 de Octubre hasta que el ministro los reciba, condenados a morir si el Estado no sufraga los gastos de los tratamientos. Parece como si estuvieran aplicando su particular «Solución Final»: jubilados pensionistas, enfermos crónicos y personas dependientes los primeros. Ya, si eso, vendrán otros colectivos
Decía Pedro Sánchez en su valoración que «Rajoy ha hecho que España no sea país ni para jóvenes ni para mujeres ni para mayores de 45 años». Según los datos que presentó, hay 168.000 jóvenes menos trabajando que a finales de 2011, 275.000 mujeres menos trabajando desde que el PP llegó al Gobierno y 1 millón de desempleados con más de 45 años. Pero es que, además, las reformas del gobierno están desmantelando el sistema nacional de salud, recortando las inversiones públicas, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes, así como el desmantelamiento del sistema nacional de dependencia. Los recortes del PP en enseñanza pública han provocado que haya, desde 2011, 20.682 maestros menos. Todo un logro.
Desde IU-ICV, están indignados ante el discurso de Rajoy, al que acusan de «tomar el pelo» a los ciudadanos, al haber adelantado la «inocentada» del día 28. Para Centella, subir el SMI 3 euros al mes y las pensiones un 0,25 por ciento, es «un sarcasmo» y una medida «patética y ofensiva» con la que se «insulta» y agrede a la «dignidad» de los españoles. El año 2014 ha sido el año de los recortes laborales y sociales; recortes en educación y sanidad, con una disminución significativa en los recursos contra la violencia de género, con una reforma fiscal que no es sino un regalo a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas, olvidándose de la lucha contra el fraude. El gobierno, con su política, reflejada en los PGE, pretende acabar con el sistema público de pensiones y entregárselo definitivamente a los fondos de pensiones privados.
Como nos tiene acostumbrados, el presidente del Gobierno miente sobre los supuestos beneficios de sus reformas laboral y, fiscal, o la del sistema público de pensiones. Decir que da por superada la crisis, sin menoscabar los gastos sociales, es un insulto y recojo el guante. Todas las reformas que el Gobierno ha hecho en los últimos tres años han sido un fracaso. Rajoy cree que partidos como Podemos, generan «inestabilidad y pérdida de bienestar», cuando lo cierto es que él mismo es un peligro para la democracia y sus políticas nos llevan a la miseria y la desigualdad sin remisión.
(*) Víctor Arrogante es profesor y columnista.
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